La Cámara de Casación penal argentina dejó firme este miércoles el procesamiento contra la exmandataria y actual vicepresidenta del país.
El máximo tribunal rechazó los pedidos formulados por el defensor de la exmandataria (2007-2015), el abogado Carlos Beraldi, y mantuvo el embargo de 200 millones de pesos (unos 2,5 millones de dólares) decretado anteriormente por la Cámara Federal, según el fallo firmado por los jueces de la sala III de Casación Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci.
De esta manera se confirmaron los procesamientos de numerosos empresarios como Aldo Roggio, Carlos Wagner, Angelo Calcaterra y del ex ministro de Planificación Julio De Vido en uno de los tramos del caso derivada de la causa principal. Otros empresarios de la construcción también quedaron con procesamiento firme como Julio Paolini.
Se investiga en ese tramo del caso una asociación ilícita y 175 casos de cohecho por sumas millonarias cometidos en licitaciones y adjudicaciones de obra pública, durante los años 2003 a 2015.
La cartelización de obra pública es uno de los casos derivados de la línea principal de la «causa de los cuadernos», centrada en la supuesta existencia, durante los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), de una trama de millonarios pagos de sobornos de empresarios de la obra pública a altos funcionarios, entre ellos el propio matrimonio presidencial.
En este expediente concreto, se investigó la organización de pagos ilegales que funcionó bajo el amparo del exministerio de Planificación y Obras Públicas de Argentina. Según el fallo emitido este miércoles por el tribunal, que tachó de inadmisible la queja formulada por la defensa, la decisión impugnada «no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación».

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