Por Federico Pelli

Este jueves la Legislatura de la Provincia se apresta a debatir y seguramente aprobar con amplios consensos un paquete de proyectos destinados a “mejorar” los deteriorados estándares de seguridad que marcan el día a día de los tucumanos, en un nuevo intento por tratar de solucionar carencias estructurales del sistema de seguridad interior, con medidas aisladas que se generan a partir de la coyuntura diaria, fuera de cualquier tipo de planificación, y más grave aún, a la espera de que esto cambie en algo la dinámica del delito. Nada más alejado de la realidad.

Uno de los proyectos plantea la necesidad de autorizar el uso de armas Taser (de electrochoque) a los diferentes cuerpos de policías municipales dispersos a lo largo de la provincia. También se plantea proveer a la policía de la provincia de este tipo de herramienta con fines disuasivos y para aumentar la capacidad de reacción de los agentes en calle. Es necesario aclarar que esta medida cuenta con gran aprobación entre legisladores oficialistas como opositores, que nuevamente en lugar de estudiar los temas a fondo, deciden impulsar proyectos sin considerar los impactos que tendrán o si serán de utilidad o no para mejorar las estadísticas criminales de la provincia.

Varios análisis frente a esta iniciativa, que seguramente se convertirá en ley:

  • ¿En qué protocolos se basará el empleo de las TASER, dado cuenta que estaríamos dotando por primera vez a personal policial con este equipamiento, y no existe experiencia local al respecto? Más aún con la polémica que rodea a este tema, no pueden existir grises en este sentido, y el “Marco regulatorio del uso racional de la fuerza y armas en la Policía de Tucumán” recientemente sancionado en 2018, más conocido como “protocolo Maley”, no se especifica de forma clara y contundente las situaciones de uso concreto, remitiéndose solo a calificarla como arma intermedia de uso permitido, y a repetir generalidades siempre expresadas en los manuales y reglamentos policiales, como los principios de uso, reglas de empeñamiento, etc.
  • ¿Por qué antes de proponer su empleo en fuerzas de orden municipal, con menor grado de adiestramiento, no se comprueba su uso inicial en la fuerza provincial, siguiendo un gradualismo lógico de prueba?
  • ¿Se contemplan casos de fuga dentro de su uso?
    Por mencionar uno de los tantos ejemplos, de la poca claridad con la cual se pretende dotar a personal policial con armamento nuevo sin antes proveerle a los mismos un respaldo reglamentario sólido y sin fisuras que luego se le puedan volver en contra en un potencial proceso judicial. En este caso muy especial, ante posibles presentaciones de organismos de DDHH en contra de personal policial.
  • A su vez, ¿se conoce cuántas intervenciones de policías municipales hubieran requerido el uso de TASER desde la creación de las mismas hasta el momento, para poder ver realmente su necesidad de aplicación, y que no estamos frente a un tema disruptivo políticamente hablando pero de poco impacto en la labor diaria de los agentes?

Estos puntos son solo algunos de una gran cantidad de carencias que el debate político en la Legislatura no profundizará el día jueves, y por lo tanto estaremos frente a otra ley más que no cambia nada o en el peor de los casos empeora la situación.

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