Sobresale la sugerencia de crear un “tribunal intermedio” que pueda revisar fallos considerados “arbitrarios”.

Entre las 969 páginas del informe que el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público le entregó a Alberto Fernández, el Presidente se interesó principalmente por la sugerencia de crear un tribunal federal “intermedio”, anterior a la Corte Suprema, que revise fallos arbitrarios.

Cerca del jefe de Estado señalan que no hay tiempos establecidos para que el Gobierno envíe un paquete de leyes que modifique estructuralmente el funcionamiento de la Justicia, pero aclaran que no falta mucho. “Queremos darle celeridad y enviarlo pronto, por eso convocamos a los juristas”, afirman mientras algunos de los máximos referentes del oficialismo profundizan sus críticas al máximo Tribunal.

En la Casa Rosada no descartan incluir los proyectos en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, durante el verano. A pesar de la tensión creciente con Juntos por el Cambio, en el Ejecutivo no ralentizarán la marcha. “No vamos a cajonearlo”, destacan algunos de los principales colaboradores del jefe de Estado.

El jueves, cuando recibió el informe de los especialistas, el Presidente destacó la iniciativa de crear un tribunal intermedio que revise fallos arbitrarios y le permita a la Corte Suprema dedicarse a las causas de materia constitucional.

Proyectos similares habían sido sugeridos en el pasado por juristas de diferentes extracciones como el ex ministro de la Corte Augusto Belluscio o el constitucionalista Jorge Vanossi, entre otros.

Andrés Gil Domínguez -integrante del consejo consultivo que dejó de existir el 12 de noviembre- le sugirió en esa reunión la necesidad de encarar los cambios como una política de Estado y de generar los consensos imprescindibles con la oposición. El Presidente, que destacó los diferentes matices y opiniones de los juristas, coincidió y aclaró que se tomaría el tiempo necesario para estudiar los posibles proyectos.

Entre los juristas -cuya opinión, como siempre destacaron en el Ejecutivo “no es vinculante”- señalan que posibles reformas de fondo se podrían encarar en cuatro proyectos de ley. Uno estaría referido al funcionamiento del Consejo de la Magistratura; otro a una ley que ordene el funcionamiento de la Corte Suprema; un tercero que regule el ministerio Público Fiscal (distinto al que aprobó el Senado); y otro que implemente y regule los juicios por jurados.

Cerca de las principales espadas legislativas del Frente de Todos en Diputados relativizan la posibilidad de que el Ejecutivo acelere las discusiones parlamentarias. “No creemos que se pueda seguir discutiendo de a pedazos la cuestión judicial y sin un acuerdo con la oposición”, señalaron allegados a Sergio Massa, el presidente de la Cámara Baja, donde hace meses que duerme la reforma judicial enviada por Alberto Fernández y aprobada en el Senado.

En el entorno de la vicepresidenta, en cambio, afirman que el envío de los eventuales proyectos que surjan del informe del Consejo -que también integraba Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner- y sus tiempos es un tema que le corresponde resolver al Ejecutivo.

Tras la carta de la ex mandataria con críticas a los 5 jueces de la Corte Suprema, en la Casa Rosada rechazaron la posibilidad de avanzar con juicios políticos contra los magistrados. “Nosotros no estamos pensando en ese tipo de cuestiones”, enfatizó el viernes Santiago Cafiero en una entrevista con La Red.

El jefe de Gabinete, que el viernes recibió en su despacho al presidente del Instituto Patria Oscar Parrilli, insistió 24 horas después con nuevas y duras críticas al máximo Tribunal. “Lo que se cuestiona es todo el sistema judicial, y obviamente a la Corte, porque es la cabeza”, dijo. El Presidente, un día antes, había dicho que la Corte actúa con una “discrecionalidad pasmosa”.

A los dichos de Fernández y Cafiero se sumaron este sábado las declaraciones de Axel Kicillof. “La Corte Suprema acompañó el lawfare”, sentenció el gobernador bonaerense en diálogo con AM 750. Curiosamente en las casi mil páginas del informe de juristas no aparece el término frecuentemente utilizado por la vicepresidenta para describir una supuesta “articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores”.

Cerca de la presidenta del Senado evitan aclarar si preferirían avanzar en un juicio contra los ministros del máximo Tribunal. “La carta es una descripción del comportamiento jurídico y político de algunos miembros de la Corte. Cualquier análisis sobre lo que quiere decir la carta es materia de interpretación del que lo haga”, afirmaron ante la consulta de Clarín.

La ministra de Justicia Marcela Losardo, que había reclamado a la Ciudad que no presionara a la Corte, guarda silencio en el medio de la embestida verbal del oficialismo. En el entorno de Horacio Rodríguez Larreta señalan que los dichos de Fernández, Cafiero y Kicillof no deberían influir en el fallo pendiente del Máximo Tribunal respecto a la coparticipación porteña. Sus espadas legislativa, como Alvaro González, llaman la atención sobre la escasa discusión parlamentaria de temas tan sensibles. En la Corte, en tanto, advierten que el reclamo de la Ciudad “todavía está en el aire”.

Fuente: Clarín

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