Mediante carta documento, la familia de la víctima responsabilizó al Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema de Justicia. Reunión con los vocales del máximo Tribunal. “El Poder Ejecutivo no contestó”, dijo una de las apoderadas.

La familia de Paola Tacacho, mediante carta documento, hizo responsables al Poder Ejecutivo (PE) y a la Corte Suprema de Justicia (CSJT) por daños y perjuicios que se originaron a partir de las denuncias penales de la joven en contra de su femicida Mauricio Parada Parejas.

“Hubo mal desempeño de funcionarios públicos y hay que investigarlos. Por eso, elevamos las cartas documento. El mismo sistema nos obliga a utilizar este instrumento para comunicarnos con ellos o hacerlos responsables, al ser las cabezas de los dos poderes. Solicitamos que investiguen a todos los que intervinieron en las 14 causas, en las que Paola se presentó a hacer la renuncia”, expresó Valeria Madrazo, quien junto con Mariana Per, es apoderada de la madre de la profesora de inglés, Mariela Fernández Tacacho.

La abogada aclaró que hasta ayer la Casa de Gobierno no había contestado el despacho legal. “El Poder Ejecutivo no contestó nada. Inclusive, la carta enviada por la mamá de Paola al gobernador Juan Manzur. Hay silencio. En cambio, la Corte actuó de otra manera”, añadió.

Los miembros de la Corte optaron por convocar a una reunión a las representantes de la familia. El encuentro se concretó en el Palacio de Justicia el martes de la semana pasada y estuvo encabezado por la presidenta del máximo Tribunal provincial, Claudia Sbdar. La madre y el resto de los parientes de la víctima no pudieron viajar hasta la provincia desde Salta debido a obligaciones laborales, entre otras circunstancias.

“Fue una buena reunión. Hubo buena predisposición por parte de la presidenta y de los vocales. Ella nos informó las medidas que se habían adoptado, como las auditorias en los juzgados Penal III (a cargo del juez Francisco Pisa) y V. Nos dijo que no se había completado aún esas tareas”, remarcó Madrazo.

La letrada también señaló que la carta documento enviada por la familia había sido derivada al Ministerio Público Fiscal (MPF), como parte del sistema judicial: “necesitamos que se investigue también a los fiscales”. “De todas formas, desde el hecho de Paola, el secretario Judicial Tomás Robert siempre estuvo a disposición antes nuestros requerimientos”, aclaró.

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