La jueza que acusó al asesino de Susana Mansilla dejó una reflexión que bien merece cuanto menos, una revisión.


La jueza Juana Juarez, quien presidió la audiencia en la que Walter Mauricio “Chino” Regudero compareció como imputado por el crimen de la enfermera jubilada Susana Mansilla, cerró la misma con una reflexión que aludió al acuerdo que, en octubre, le permitió al asesino esquivar un juicio por robo y seguir en libertad.

La magistrada consideró que al no haber cumplido su compromiso de pagar una multa de $ 4 mil y realizar tareas comunitarias, además de encarar un tratamiento para recuperarse de sus adicciones, el joven delincuente había defraudado a la Justicia.

Sin embargo, en la misma audiencia se conocieron detalles de la vida que lleva Regudero, que ponen en tela de juicio el criterio que se aplicó en aquella oportunidad.

La auxiliar fiscal Luz Becerra enumeró los datos obtenidos por trabajadores sociales que rastrearon los antecedentes familiares del detenido, revelando una existencia marginal.

El mismo acusado admitió que vive en la calle, acudiendo a la casa de su hermana sólo para dormir, sometido a una situación de adicción muy avanzada, sin trabajo, sin perspectiva alguna de progreso y sin apoyo familiar de ningún tipo, ya que su propia madre lo corrió de su casa años atrás, cansada de su conducta delictiva.

Ante semejante cuadro, la pregunta que cabe hacerse es ¿Cómo llegó la Justicia a creer que una persona en semejante situación puede cumplir aunque sea una de las condiciones impuestas para dejarlo en libertad?.

Aparentemente nadie en esa oportunidad advirtió que sin trabajo, sin techo y sin control de sus acciones debido a su adicción, Regudero no podía disponer de $ 4 mil para saldar la multa, aunque fuera en dos partes.

Ahora bien, quien está en una situación tal de abandono que no se preocupa por trabajar para sí mismo y sólo atina a robar para satisfacer sus necesidades, sobre todo de droga ¿Es creíble cuando promete que hará trabajo comunitario?

Y si esa persona vive en la calle, sola, abandonada por su familia, de más está decir que no es creíble su promesa de encarar un tratamiento de recuperación de sus adicciones, algo que quienes están en tal situación muy difícilmente pueden decidir por sí mismas.

Cómo fue entonces que quienes decidieron liberarlo en octubre, llegaron a semejante decisión. ¿Y encima pueden declararse defraudados?

En realidad es la sociedad la que debe asumirse como tal, de parte de quienes evidentemente tomaron una decisión que, como mínimo, no se basó en datos certeros sobre la situación de la persona a la que le creyeron que iba a hacer todo lo que dijo y al final, lo único que hizo fue asesinar a una jubilada indefensa para robarle un bolso.

¿Averiguaron los responsables de su liberación como vivía Regudero? ¿Hicieron un esfuerzo por saber si sus promesas eran posibles de cumplir? ¿Nunca se les pasó por la cabeza que a lo mejor estaban ante un adicto que lo único que quería era evitar ir a la cárcel?

Tal vez en lugar de proclamar tan dramáticamente el malestar de la Justicia al sentirse defraudada por haber creído en quien no debía, la doctora Juárez debería volver la mirada hacia sus pares y preguntarles en qué basaron su convicción de que un ladrón de vida marginal, adicto y sin una familia que lo contenga, honrará sus compromisos.

Porque a la luz de la tragedia que derivó de semejante exceso de confianza, la que debe sentirse defraudada es la sociedad. Y no por Regudero, sino por los jueces, que deberían ser el último baluarte de defensa de quienes hoy más que nunca sienten que arriesgan su vida cada vez que se asoman por la puerta de la calle.


Fuente: LP

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