El Legislador Raúl Albarracín, presidente del Bloque PJS (Partido por la Justicia Social), elevó un pedido de informe al Ministerio de Seguridad, a través de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Honorable Legislatura de Tucumán, solicitándole, se informe acerca de la gravísima situación de colapso respecto al alojamiento de detenidos en dependencias policiales de la provincia, los numerosos casos de fugas y motines generados hasta la fecha.
“Al día de hoy llevamos la suma de al menos 20 fugados en diferentes hechos de evasión ocurridos en las comisarías 5°, 9°, 11° y en la situada en Los Aguirre. Muchos de ellos con frondosos prontuarios y peligrosos para la comunidad, incluso algunos acusados o condenados por homicidios”, arrojó luz Albarracín. Y recordó los violentos motines sucedidos en la Comisaría de Yerba Buena hace un mes, y en la 10º hace una semana.
En consecuencia, el Legislador solicita una explicación acerca de “por qué no se ha dado cumplimiento a los plazos establecidos por la Acordada de la Corte Suprema en el año 2015, que solicita dar cumplimiento a la habilitación de instalaciones adecuadas en el predio de Institutos Penales de Villa Urquiza para el alojamiento de detenidos, hasta la fecha hacinados y en condiciones violatorias de derechos y normas constitucionales en comisarías y otras dependencias policiales, visto que los plazos establecidos y acordados se encuentran vencidos, incluso habiendo pasado ya seis años”.

Ley de Emergencia en Seguridad
“Todo esto acontece en el marco de una fracasada emergencia carcelaria vigente desde 2016, que solo se transformó a la vista de los resultados, en un compendio de promesas de construcción de nuevos institutos penales y mejoramiento masivo de la estructura de encarcelamiento en general”, explica Albarracín.
El parlamentario afianza su idea de que nada de esto se cumplió, y lejos de mejorar, la situación empeoró, al tener más detenidos que en ese momento, contando con la misma capacidad. “Las comisarías de nuestra provincia están en condiciones de alojar solo a 400 detenidos, y actualmente tienen a su cargo a más de 1300″, sentenció.

Teniendo un complejo escenario y atentos a la última fuga acontecida en la Comisaría 5°, sumadas a las anteriores ya mencionadas, el parlamentario manifestó que la Ley de Emergencia En Seguridad no vino a solucionar ninguna carencia a pesar de estar sancionada hace cinco años. Por esto, Albarracín pide que se informe acerca de la modalidad del último escape, cantidad de fugados, sus nombres y apellidos, los motivos por los cuales se encontraban privados de su libertad y qué antigüedad tenían estos detenidos en la dependencia policial. Además, espera que se especifique qué operativos se están llevando a cabo para detener a los prófugos y si se pudo recapturar a alguno de ellos. Así mismo, pretende saber si se tomaron los recaudos necesarios para evitar situaciones similares y qué medidas preventivas se adoptaron, conociendo la vulnerabilidad que está exponiendo el sistema vigente para contener escapes.

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