La feroz interna oficialista que separa a manzuristas y jaldistas se judicializará a partir de algunas de sus derivaciones, que afectaron la composición de las comisiones legislativas y la planta de personal de bloque.
Los parlamentarios afines al gobernador Juan Manzur, quienes perdieron a todos sus empleados temporales, decidieron recurrir a la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que se le ordene a Osvaldo Jaldo que vuelva a incorporar a su personal.
El argumento de los quince parlamentarios, encabezados por Sergio Mansilla, es que la decisión de rescindir los contratos de sus colaboradores les impide cumplir con el mandato constitucional relacionado con sus cargos.

Y esa no será la única demanda con la que los legisladores del bloque Lealtad Justicialista acudirán a los estrados judiciales.

La segunda acción de amparo, elevada por los legisladores Julio Silman y Renée Ramírez, saca de foco al vicegobernador y se centra en la Legislatura como cuerpo, demandando que se reformule la composición de la comisión de Juicio Político.
Argumentan que la elección de las nuevas autoridades de ese grupo de trabajo clave es nula, dado que la composición de la mesa de conducción no cumple con la proporcionalidad que, en relación con el número de legisladores que componen cada bloque, impone el reglamento interno de la Legislatura.

La demanda judicial apunta a que el bloque jaldista asumió el control total de la comisión que tiene la potestad de promover acusaciones contra cualquier miembro del Poder Ejecutivo, como ya sucedió con el ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer.

Fuente: Contexto Tucumán

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